El requisito entrará en vigor si en un año no hay acuerdo sobre su regulación por reglamento.
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, y el titular de Educación, Vicent Marzà, acaban de presentar a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras e Intersindical el acuerdo alcanzado sobre la regulación del requisito lingüístico en la nueva ley de función pública, un pacto que pasa por acortar los plazos, de manera que la competencia del valenciano entre los funcionarios sea una realidad esta legislatura.
