STAJ reclama al Ministro la potenciación de la promoción interna, junto al cumplimiento del resto de puntos aún sin cumplir de los acuerdos suscritos en la pasada legislatura.
STAJ ha solicitado reunión con el Ministro reclamando, entre otros:
· Potenciación de la promoción profesional de los funcionarios y funcionarias de Justicia con una verdadera promoción interna, con convocatoria independiente adicional a la OPE, tal como se recoge en el Preacuerdo de junio de 2014.
· Inclusión en la oferta de empleo público de todas las plazas vacantes, arbitrando mecanismos que impidan que CCAA con competencias asumidas decidan unilateralmente no convocar oposiciones.
· Potenciación desde la Administración a la formación profesional para incentivar la participación de los funcionarios de carrera para su progresión en la carrera profesional y para facilitar la capacitación del personal interino para auxiliarle en la superación de las pruebas de ingreso (Acuerdo de diciembre de 2015), con inclusión del concurso oposición como sistema de acceso en próximas convocatorias.
· Negociación modificación Reglamento de Ingreso para nueva regulación comisiones de servicio y sustituciones (Acuerdo de diciembre 2015)
· Conversión de los refuerzos en puestos de plantilla (Acuerdo de diciembre 2015)
· Impulso a la modificación legislativa para recuperar todos los días de asuntos propios que teníamos antes de los recortes (Acuerdo de diciembre 2015).
· Solución definitiva a los problemas de errores u omisiones en las cotizaciones a la Seguridad social de algunos funcionarios y funcionarias (Acuerdo de diciembre 2015)
· Extensión complemento de productividad a todos los funcionarios y funcionarias de Justicia, y no sólo a jueces y Letrados AJ.
· Revisión retribuciones básicas para recuperar los niveles de sueldo base, trienios y complemento general de puesto existentes antes de los recortes de 2010.
· Solución a los problemas del expediente electrónico y Justicia digital.
· Registro Civil público y gratuito, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, servido y gestionado por funcionarios de Justicia.
Conocido ya el nuevo Gobierno, la Cartera de Justicia seguirá siendo ocupada por el Ministro Rafael Catalá Polo, no produciéndose por tanto ningún cambio en este puesto. En los próximos días conoceremos si se confirman también en sus puestos los actuales altos cargos integrantes de su equipo.
Rafael Catalá llegó al Ministerio tras el cese de Alberto Ruiz Gallardón y su primera etapa se caracterizó por su predisposición al diálogo con todos los sectores implicados en la Administración de Justicia, incluidos los representantes de los funcionarios. Gracias a este diálogo, los sindicatos conseguimos frenar la aprobación de una desastrosa nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la privatización del Registro Civil, proyectos estrella de Gallardón. Así, y gracias a la presión de numerosos sectores y la de STAJ y otras organizaciones sindicales que suscribimos el preacuerdo de junio de 2014, el entonces nuevo Ministro Catalá abandonó el proyecto de su predecesor dejando el anteproyecto en una mera reforma de la Ley vigente, que aunque siendo bastante ambiciosa, gracias precisamente a aquel preacuerdo no produjo los enormes cambios –y perjuicios- que el anteproyecto originario preveía. Y en cuanto a la privatización del Registro Civil, la presión social y también sindical logró que Catalá aparcara también otro de los proyectos estrella de Gallardón, si bien queda aún por determinar cómo quedará el Registro Civil ya que la Ley de Registro Civil de 2011, que es la que consagra su desjudicialización, no ha sido derogada, sino únicamente retrasada en su entrada en vigor, que será en julio de 2017.
Ya en el final de su mandato anterior, también se ha suscrito el Acuerdo de diciembre de 2015 con las cuatro organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial nacional de Justicia, pero este Acuerdo está aún pendiente aún de cumplimiento en algunas de sus partes, fundamentalmente en lo concerniente a la potenciación de la promoción interna (que deriva del preacuerdo de junio de 2014, en el que se incluye la promoción interna separada de la OPE), consolidación de los refuerzos estructurales en plantilla, solución a los problemas por errores en la cotización a la Seguridad Social, negociación de una nueva regulación de las sustituciones, así como la recuperación de todos los días de asuntos particulares que teníamos antes de los recortes de 2012. STAJ ya se ha dirigido al Ministro para exigir el cumplimiento inmediato de los puntos de aquel acuerdo aún no ejecutados, entre otras muchas cuestiones.
Con Catalá también ha comenzado el impulso a la modernización de la Justicia en lo relativo a la introducción del expediente judicial electrónico y Justicia digital. Con unos inicios bastante convulsos en cuanto a los numerosos fallos que los sistemas están provocando, es imprescindible que el Ministerio solucione todos los numerosos problemas y disfunciones que la introducción del denominado “papel cero” están generando.
Llevamos un año “parados” literalmente con la excusa de un gobierno en funciones. Por eso, aunque a todos los nuevos gobiernos se le conceden cien días de “gracia”, a Catalá no podremos dárselos porque no es nuevo y por los diez meses de retraso que acumulamos, y por ello, desde ya, exigimos que se ponga a trabajar para terminar todo lo pendiente y avanzar en la mejora de la Justicia. Desde STAJseguiremos luchando por la recuperación de todos los derechos hurtados en los últimos años, y por la mejora de la carrera profesional y de las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias de Justicia de toda España, exigiendo al Ministerio que deje de perjudicar a unos para favorecer a otros.
· Potenciación de la promoción profesional de los funcionarios y funcionarias de Justicia con una verdadera promoción interna, con convocatoria independiente adicional a la OPE, tal como se recoge en el Preacuerdo de junio de 2014.
· Inclusión en la oferta de empleo público de todas las plazas vacantes, arbitrando mecanismos que impidan que CCAA con competencias asumidas decidan unilateralmente no convocar oposiciones.
· Potenciación desde la Administración a la formación profesional para incentivar la participación de los funcionarios de carrera para su progresión en la carrera profesional y para facilitar la capacitación del personal interino para auxiliarle en la superación de las pruebas de ingreso (Acuerdo de diciembre de 2015), con inclusión del concurso oposición como sistema de acceso en próximas convocatorias.
· Negociación modificación Reglamento de Ingreso para nueva regulación comisiones de servicio y sustituciones (Acuerdo de diciembre 2015)
· Conversión de los refuerzos en puestos de plantilla (Acuerdo de diciembre 2015)
· Impulso a la modificación legislativa para recuperar todos los días de asuntos propios que teníamos antes de los recortes (Acuerdo de diciembre 2015).
· Solución definitiva a los problemas de errores u omisiones en las cotizaciones a la Seguridad social de algunos funcionarios y funcionarias (Acuerdo de diciembre 2015)
· Extensión complemento de productividad a todos los funcionarios y funcionarias de Justicia, y no sólo a jueces y Letrados AJ.
· Revisión retribuciones básicas para recuperar los niveles de sueldo base, trienios y complemento general de puesto existentes antes de los recortes de 2010.
· Solución a los problemas del expediente electrónico y Justicia digital.
· Registro Civil público y gratuito, dentro del ámbito de la Administración de Justicia, servido y gestionado por funcionarios de Justicia.
Conocido ya el nuevo Gobierno, la Cartera de Justicia seguirá siendo ocupada por el Ministro Rafael Catalá Polo, no produciéndose por tanto ningún cambio en este puesto. En los próximos días conoceremos si se confirman también en sus puestos los actuales altos cargos integrantes de su equipo.
Rafael Catalá llegó al Ministerio tras el cese de Alberto Ruiz Gallardón y su primera etapa se caracterizó por su predisposición al diálogo con todos los sectores implicados en la Administración de Justicia, incluidos los representantes de los funcionarios. Gracias a este diálogo, los sindicatos conseguimos frenar la aprobación de una desastrosa nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la privatización del Registro Civil, proyectos estrella de Gallardón. Así, y gracias a la presión de numerosos sectores y la de STAJ y otras organizaciones sindicales que suscribimos el preacuerdo de junio de 2014, el entonces nuevo Ministro Catalá abandonó el proyecto de su predecesor dejando el anteproyecto en una mera reforma de la Ley vigente, que aunque siendo bastante ambiciosa, gracias precisamente a aquel preacuerdo no produjo los enormes cambios –y perjuicios- que el anteproyecto originario preveía. Y en cuanto a la privatización del Registro Civil, la presión social y también sindical logró que Catalá aparcara también otro de los proyectos estrella de Gallardón, si bien queda aún por determinar cómo quedará el Registro Civil ya que la Ley de Registro Civil de 2011, que es la que consagra su desjudicialización, no ha sido derogada, sino únicamente retrasada en su entrada en vigor, que será en julio de 2017.
Ya en el final de su mandato anterior, también se ha suscrito el Acuerdo de diciembre de 2015 con las cuatro organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial nacional de Justicia, pero este Acuerdo está aún pendiente aún de cumplimiento en algunas de sus partes, fundamentalmente en lo concerniente a la potenciación de la promoción interna (que deriva del preacuerdo de junio de 2014, en el que se incluye la promoción interna separada de la OPE), consolidación de los refuerzos estructurales en plantilla, solución a los problemas por errores en la cotización a la Seguridad Social, negociación de una nueva regulación de las sustituciones, así como la recuperación de todos los días de asuntos particulares que teníamos antes de los recortes de 2012. STAJ ya se ha dirigido al Ministro para exigir el cumplimiento inmediato de los puntos de aquel acuerdo aún no ejecutados, entre otras muchas cuestiones.
Con Catalá también ha comenzado el impulso a la modernización de la Justicia en lo relativo a la introducción del expediente judicial electrónico y Justicia digital. Con unos inicios bastante convulsos en cuanto a los numerosos fallos que los sistemas están provocando, es imprescindible que el Ministerio solucione todos los numerosos problemas y disfunciones que la introducción del denominado “papel cero” están generando.
Llevamos un año “parados” literalmente con la excusa de un gobierno en funciones. Por eso, aunque a todos los nuevos gobiernos se le conceden cien días de “gracia”, a Catalá no podremos dárselos porque no es nuevo y por los diez meses de retraso que acumulamos, y por ello, desde ya, exigimos que se ponga a trabajar para terminar todo lo pendiente y avanzar en la mejora de la Justicia. Desde STAJseguiremos luchando por la recuperación de todos los derechos hurtados en los últimos años, y por la mejora de la carrera profesional y de las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias de Justicia de toda España, exigiendo al Ministerio que deje de perjudicar a unos para favorecer a otros.
