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Jueces de paz

Con fecha 5 de julio mientras el Presidente del Tribunal Supremo daba esperanzas sobre su incierto futuro a los Jueces de Paz de la Comunidad reunidos en Águilas, el BOE publicaba un decreto-ley (BOE. Nº 163- 8/2014) donde, entre otras medidas, se adoptaba la de encomendar los Registros Civiles, hoy en manos de los Juzgados de Paz, a los Registradores de la Propiedad. La medida del Sr. Gallardón tiende, dicen, a optimizar recursos, liberando funcionarios para adscribirlos al aparato judicial y al mismo tiempo ahorrar el monto correspondiente a los Juzgados de Paz.

Y un modesto juez de pueblo, seguro de que al Sr. Gallardón no lo guía más impulso que el de servir de la mejor manera que sepa a sus conciudadanos, se pregunta si no estará mal aconsejado y peor informado acerca de la estupenda labor que llevan a cabo los Registros Civiles, próximos al ciudadano y que proporcionan a este un inmediato servicio gratuito. Se duele el modesto juez, del perjuicio que se les causará a muchos de los vecinos que vienen a solicitar certificados de cualquier tipo que se les expiden con inmediatez. En el futuro, tendrán que desplazarse a la ciudad donde se encuentre situado el Registro más próximo, con las dificultades y perjuicios que ello conlleva.

Se pregunta también el Juez de Paz que esto escribe, quien les va a pagar el servicio a los Registradores, puesto que el Decreto dice que será gratuito. Y si es el Estado quien debe ofrecerles la oportuna compensación, ¿donde está el ahorro previsto? Sirva para completar la reflexión que los emolumentos de un Juez de Paz de un pueblo de 15.000 habitantes ascienden a 300€  mensuales a los que hay que descontar los impuestos correspondientes.

Quitar el chocolate al loro, nunca es ejemplarizante. Resulta irrelevante en términos económicos y muy perjudicial para la población. Un recorte más sin sentido.

Mariano Sanz.

Miércoles, 30 de julio de 2014, publicado en VEGAMEDIAPRESS.COM