Gallardón propone pasar de 17.621 a 22 aforados en España
VA MÁS ALLÁ QUE GALLARDÓN
Cayo Lara pide no dejar ni un sólo aforado
El líder de IU, Cayo Lara, quiere que el Gobierno vaya más allá y que no deje ni siquiera los 22 aforados que propone el ministro de Justicia, una iniciativa que "no estaría encima de la mesa" -ha dicho- si no fuera por la presión social y la de algunas fuerzas políticas.
Fuerzas como IU, que ha defendido "históricamente" que todos los cargos públicos tienen que tener el mismo trato ante la Justicia que el resto de los ciudadanos.
Lara ha dejado en "cuarentena" esta propuesta hasta ver cómo se concreta sobre el papel y, en cualquier caso, cree que se trata de una medida "íntimamente relacionada" con la presión social y la que han ejercido algunas formaciones, entre ellas IU, para acabar con los privilegios de determinados cargos. Si no hubiera sido por toda esa presión -ha subrayado- seguramente esa propuesta no estaría encima de la mesa.
Foto: EUROPA PRESS
Se opone a inhabilitar a los partidos por corrupción y rechaza indultos a políticos que se hayan enriquecido
MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la propuesta que lleva el Ministerio en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial será para pasar de 17.621 a 22 aforados en España.
En su opinión, los aforamientos que deberían subsistir en España, aparte de los que afectan a la Familia Real, son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas", ha dicho.
Eso sí, ha lamentado que esta propuesta no se pueda realizar a través de la ley orgánica porque alguno de esos aforamientos están recogidos en la Constitución o en los Estatutos de autonomía, "que no pueden ser modificados por una ley orgánica", ha subrayado en una entrevista en 'El País' recogida por Europa Press.
"Si esta ley establece este propósito, corresponderá ya a los partidos, mediante el pacto de regeneración que debe abordarse, reformar los Estatutos de autonomía y, en su momento, en el día y en el caso de que se reforme la Constitución, establecer una limitación drástica de estos aforamientos", ha explicado.
"EL AFORAMIENTO NO TIENE POR QUÉ CONSTITUIR UN PRIVILEGIO"
En este sentido, ha recalcado que se trata de una intención "de carácter político" porque la ley orgánica a lo único que podría afectar es a los órganos del Estado que no están recogidos expresamente en la Constitución, a los jueces y a los fiscales.
A su juicio, el aforamiento "no tiene por qué constituir un privilegio", porque, según ha señalado, puede ser una merma de un derecho fundamental, "que es el derecho a la revisión de una sentencia condenatoria".
Eso sí, ha admitido que por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad española sí que lo percibe así y eso exige "una respuesta por parte del legislador".
Por otra parte, Alberto Ruiz-Gallardón ha mostrado su desacuerdo con hacer caer la responsabilidad penal sobre un partido por financiación ilegal, ni apoya su exclusión en una elecciones, pues sostiene que es la persona la que ha de responder judicialmente.
Según sus planes, la responsabilidad penal recaerá en la persona responsable de las finanzas de la formación política y también en los directivos el partido si se hubiese realizado este acto con su conocimiento o consentimiento, pues "no hay que privar a los ciudadanos de ese cauce constitucional de participación política" que supone un partido político.
INDULTOS
Asimismo ha subrayado que la medida más oportuna para no conceder indultos a políticos que se hayan enriquecido es que se establezca un "criterio político y de control". En todo caso, asegura que su Gobierno "es el que menos indultos ha dado en democracia y el que más ha rechazado".
Ruiz-Gallardón se muestra convencido de que, más tarde o más temprano,"los fiscales acabarán llevando la investigación en España" en lugar de los jueces de instrucción, pero a su juicio primero se ha de "convencer a la sociedad" de que el hecho de que la instrucción pase a manos de los fiscales, no significa que vaya a estar "dirigida o condicionada" por la voluntad política del Gobierno de la nación.
