EL MINISTRO DE JUSTICIA APUESTA POR LA NOJ EN LA REUNIÓN DE SECRETARIOS COORDINADORES
El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, estuvo presente en las Jornadas de Secretarios Coordinadores Provinciales que se están celebrando estos días en Madrid. Le acompañaron la Secretaria de Estado y el Secretario General de la Administración de Justicia.
Reafirmó la intención del Ministerio de Justicia de seguir con la implantación de la NOJ, que considera que es el mecanismo organizativo más acertado en la Administración de Justicia, y siempre bajo la dirección del secretario judicial. Además explicó su proyecto de reformas procesales para agilizar la Justicia. La tercer pata junto al aspecto organizativo y las refomras procesales es el tecnológico. Imformó que el Minsterio ha priorizado proyectos concretos que verán la luz en el corto plazo. sigue leyendo
La Justicia y el Estado ya han censurado cinco veces el «enchufismo»
en Benidorm
El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha visto cómo le reprendían en los juzgados y en varias instancias del Estado por sus contrataciones presuntamente fraudulentas –que ahora se investigan por la vía penal– desde que llegó al poder.
El interventor municipal apercibió en aquel momento en un informe de que habría problemas para pagar las nóminas de los funcionarios y, un año después, la concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Natalia Guijarro, optó por un duro recorte de la plantilla, que incluyó la retirada del complemento de producitivdad en algunos departamentos y 160 despidos, entre prejubilaciones forzosas, extinciones de contratos temporales y otros.
Pluses por 126.000 euros
En el verano de 2012, Navarro firmó 26 decretos de Alcaldía para asignar nuevos complementos de productividad a otros tantos cargos de confianza y funcionarios afines a su partido que representaron un gasto de 126.000 euros más al año. Aquellos pluses superaban los 500 euros de tope estipulados por el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento. En algún caso, alcanzaban los 840 euros al mes. sigue leyendo
Los delitos sin autor conocido no pasarán por los Juzgados.
El Gobierno quiere agilizar los tiempos de respuesta de la Justicia liberando a los jueces de instrucción del trámite de las denuncias o atestados policiales sin autor conocido, que representa cerca de un millón (un cuarenta por ciento) de los 2,4 millones de archivos provisionales acordados en la jurisdicción penal.
A la vez, y precisamente para evitar investigaciones autónomas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se permitirá que las pesquisas para averiguar la autoría del delito duren más de 72 horas desde la apertura del atestado. Es decir, si transcurrido este tiempo no aparece ninguna pista, la Policía tendrá que cerrar el caso. Aunque será la propia ley la que tendrá que matizarlo, esta descarga de trabajo está pensada para delitos menos graves, como robos de móviles o carteras en autobuses o aglomeraciones, circunstancias en las que encontrar al autor del delito es una tarea prácticamente imposible. La filosofía de esta reforma es que el trabajo diario de los jueces «se concentre en actividades más provechosas» y mejorar así los tiempos de respuesta judicial.
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