La polémica reforma de los registros civiles, que intentaron privatizarse en la pasada legislatura pero que siguen dependiendo de la administración de Justicia, sigue sin materializarse. La novedad ahora es que parece cercana una postura consensuada entre el ministerio y los sindicatos, que llevan años peleando porque siga siendo un servicio público, con movilizaciones incluidas.
La último es el compromiso del ministerio de mantener este servicio dentro de la administración de Justicia y atendido sólo por funcionarios de esta administración, tal y como reclaman los representantes de los trabajadores, aunque la responsabilidad la llevarán los letrados de la administración de justicia (antes secretarios judiciales), en vez de un juez, como hasta ahora.
Esto es lo que recoge la propuesta ministerial, que se vio el jueves en la segunda reunión de la Mesa Sectorial de Justicia de esta legislatura, de continuidad del equipo ministerial de Rafael Catalá.
“Creemos que esto se ha conseguido por las presiones sindicales y de los empleados públicos de la administración de Justicia”, explica Carmen Romero, coordinadora regional del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), y presidenta de la junta de personal de justicia en Ciudad Real.
